04.10.2018

Entrevista al Ingeniero Agrónomo brasileño Leonardo Melgarejo

“Los cambios en la legislación brasileña serán utilizados para acelerar los cambios en los estándares de otros países”

Uno de los principales referentes de la agroecología en Brasil habló con Tinta Verde sobre los vaivenes que tuvo en los últimos meses la legislación en relación a los agrotóxicos en su país y sobre las consecuencias que tendría la implementación del “Paquete de Veneno”.

por Benjamín Rocca

Brasil se encuentra atravesando un año muy convulsionado políticamente, en vísperas de las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Y en lo que respecta específicamente a políticas socioambientales, estos últimos meses también han sido convulsos. En el mes de agosto la jueza federal Luciana Raquel Tolentino de Moura ordenó la prohibición del glifosato y de varios productos con principios activos por un período de 30 días, hasta que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) llevara a cabo una nueva evaluación toxicológica de los mismos. Sin embargo, en septiembre esta histórica medida fue revertida por la Corte de Brasil ante las apelaciones del gobierno federal y de empresas y organismos como Monsanto, Syngenta, Taminco o la Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja).

Leonardo Melgarejo es un ingeniero agrónomo brasileño con un largo recorrido de militancia contra la agroindustria. Integrante de organizaciones como la Asociación Brasileña de Agroecología, los Foros Nacional y Gaúcho de Combate a los Impactos de los Agrotóxicos, y la Campaña Permanente Contra los Agrotóxicos y Por la Vida, es una voz ineludible para analizar los hechos ocurridos en el último período en Brasil.

¿Existió mucha presión política para que la corte brasileña revierta el fallo sobre la prohibición del glifosato?

La hegemonía política de la llamada “Bancada Ruralista”, que defiende los intereses de la agroindustria y se asocia a los objetivos de las transnacionales de esa rama, está presente en el poder ejecutivo y establece una situación que afecta claramente la separación de poderes, impidiendo expectativas optimistas para las decisiones del poder judicial. Con el legislativo y el ejecutivo comprometidos con ninguna prohibición del glifosato, me parece imposible que la posición del poder judicial sea distinta. Los intereses del mercado deben prevalecer en este caso sobre los intereses relacionados con la salud pública, la protección del medio ambiente y los trabajadores.

¿Cómo es la legislación actual sobre agrotóxicos, la cual data de 1989?

Aunque avanzada, la legislación actual no se respeta plenamente. Además, el proyecto de ley a punto de ser aprobado tiende a retirar los mecanismos de la legislación indispensables ​​para proteger la salud humana y ambiental. La pregunta requiere una respuesta larga, voy a tratar de resumir destacando los puntos que me parecen cruciales.

La legislación actual funciona en un sistema tripartito, donde la aprobación para el registro, la producción, la importación y el uso de cualquier plaguicida debe tener concordancia de tres ministerios. El Ministerio de Salud (MS), a través de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), decide sobre su peligrosidad para la salud. Por lo tanto, debe basarse en la noción de “peligro” (y no de “riesgo”, que establece relaciones con la posibilidad de exposición). No pueden ser autorizados agrotóxicos cancerígenos, teratogénicos, mutagénicos y con impactos sobre el sistema reproductivo. El Ministerio de Medio Ambiente (MMA), a través del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), decide sobre los impactos ambientales, efectos en las cadenas tróficas, servicios ecosistémicos, etc. Y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) decide sobre la conveniencia, la oportunidad, la necesidad y el grado de eficacia del producto. Cualquiera de los ministerios tiene poder de veto.

Sin embargo, se sabe que por dificultades de personal, de equipamientos y de voluntad política, se comercializan en Brasil venenos que no cumplen aquellos requisitos de exclusión. Esto ocurre por varias razones. Citaré dos causas de gran impacto. Por un lado tenemos el hecho de que las revalidaciones no son obligatorias, por lo que las licencias otorgadas hace décadas siguen siendo válidas, a pesar de la acumulación de estudios y pruebas de la realidad que señalan la necesidad de una prohibición. El ejemplo del glifosato podría ser aplicado a atrazina, 2,4-D, y muchos otros casos. Por otro lado tenemos los venenos de contrabando. Se estima que alrededor del 30% del volumen utilizado no pasa a través de los canales oficiales. Y sólo el mercado oficial es de alrededor de un millón de toneladas de agrotóxicos por año.

¿Cómo fue la relación de los gobiernos brasileños de las últimas décadas con las empresas de la agroindustria? ¿Existió una continuidad en la política vinculada al sector?

Sí. Incluso en los gobiernos de Lula, Dilma, la práctica se  mantuvo. Pero hay que destacar que, después del golpe que derrocó a la presidenta Dilma, se aceleraron todos los procesos de degradación en el contrato social que organiza la sociedad brasileña y defiende los derechos de la mayoría. Hay muchos ejemplos que podrían darse para ilustrar este argumento. Para quedarse con uno, resalta la probable aprobación del proyecto de ley 6299/2002, conocido como el “Paquete de Veneno”. Se trata de un proyecto que estaba archivado desde el año 2002, y que ahora reaparece con detalles que lo hacen mucho peor de lo que era en aquella época, en la que fue presentado por el entonces diputado Blairo Maggi que hoy ocupa la función de Ministro de Agricultura.

En Argentina el organismo de control sanitario SENASA no es considerado confiable. ¿En Brasil pasa lo mismo con ANVISA? ¿Cómo cumple su función?

ANVISA se opone al proyecto de ley 6299. Así que en este caso se manifiesta claramente en defensa de la sociedad, de forma coherente con su misión institucional. Pero en algunas otras situaciones se comporta de manera ambigua. Posiblemente afectada por la escasez de recursos humanos y las presiones políticas, no ha facilitado la participación de investigadores independientes y organizaciones de la sociedad civil en temas cruciales para la salud, a semejanza de los procesos de revalidación de agrotóxicos prohibidos en otros países. Y en otros casos, más preocupantes, se ha manifestado de una manera que genera sospechas en cuanto a su fiabilidad. Como ejemplo, se considera que los límites máximos de residuos (LMR) de glifosato, en agua considerada potable para el consumo humano, en Brasil es 5000 veces mayor que el LMR establecido por las agencias europeas, para el agua de consumo humano en ese continente. Sería de esperar que ANVISA actúe con el fin de corregir tamaño disparate, buscando igualar estos valores.

¿En qué medida la población brasileña está informada o concientizada sobre este problema?

La sociedad no es consciente del problema. No hay servicio público actuando de forma integrada para la clarificación de la gran masa de brasileños que se ve amenazada por el uso de agrotóxicos. Esta sería una de las obligaciones de la ANVISA, que en nuestra opinión ha sido descuidada. La población ha sido engañada por las campañas de marketing. En la práctica, la sociedad brasileña está siendo guiada por interpretaciones mentirosas que inducen la formación de una conciencia colectiva ingenua acerca de un hecho básico: los pesticidas son venenos que matan. Con el apoyo de formadores de opinión, e incluso algunos funcionarios públicos, son difundidas por los grandes medios varias mitologías que dicen, por ejemplo, que existirían estudios sólidos y límites seguros para los residuos de agrotóxicos presentes en los alimentos, el agua y los suelos. También afirman que serían indispensables y que sin ellos Brasil entraría en un colapso. Afortunadamente organizaciones de la sociedad civil, tales como la Campaña Permanente Contra los Agrotóxicos y Por La Vida, la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, la Asociación Brasileña de Agroecología, el Foro Nacional (y los Foros de Estado) de Combate a los Agrotóxicos, entre muchos otros, vienen haciendo esfuerzos para informar a la población.

LOS PELIGROS DEL “PAQUETE DE VENENO”

En Brasil existen dos proyectos de ley sobre agrotóxicos en pugna. Uno es el 6670/2016 que aboga por una Política Nacional de Reducción de Agrotóxicos, y por el cual se están realizando audiencias públicas en muchas ciudades y estados de Brasil para movilizar a la sociedad civil. El otro es el 6299/2002, conocido como el “Paquete de Veneno”, que, tal como sostiene Melgarejo, “con los cambios propuestos por los grandes agricultores, simplemente destruye la Ley de Agroquímicos imponiendo un verdadero retroceso, incluyendo algunos aspectos de derechos humanos alcanzados a duras penas en este país. El PL 6299 termina con la responsabilidad tripartita de las decisiones sobre los agrotóxicos. Así, los registros quedan bajo responsabilidad del Ministerio de Agricultura, que es controlado por los intereses de la agroindustria. Los Ministerios de Salud y Medio Ambiente pasan a ser entidades accesorias. Y los productos que no llegan a ser evaluados dentro de los dos años pasan a tener su uso autorizado, bajo carácter “provisional”. Como el Ministerio de Agricultura no dispone de recursos humanos, laboratorios, conocimientos y experiencia para hacer los trabajos hasta ahora desempeñados por los Ministerios de Salud y Medio Ambiente, es evidente que todas las solicitudes de las empresas tenderán a ser aprobadas”.

Otros puntos negativos de la legislación son, por un lado, el establecimiento de una regla de aprobación expedita para cualquier producto que esté aprobado en al menos tres países de la Unión Europea (aunque esté prohibido en otros), y, por el otro, la eliminación de la prohibición de registros para productos muy peligrosos para la salud humana, siendo teratogénicos, mutagénicos, cancerígenos o dañinos para el sistema reproductivo. También hay una modificación conceptual muy perjudicial, Melgarejo explica que “la noción de “peligro”, definida sobre la base de estudios con animales, será reemplazada por la noción de “riesgo”, lo que implicará la evaluación de la posibilidad de contacto y de los volúmenes involucrados en estos contactos, estableciendo algo definido como “riesgo aceptable”. Sólo las situaciones de riesgo inaceptables serían restrictivas a los registros. Este cambio en la legislación es sumamente complejo, ya que los factores de riesgo no pueden ser dimensionados de esta forma en un país del tamaño de Brasil, con tantos elementos de diferenciación poblacional y donde los residuos de agrotóxicos han sido identificados incluso en leche materna y agua de lluvia”.

Incluso, podrían ser instaladas en Brasil fábricas de productos que no tengan registro de uso en el país, ignorando riesgos para los trabajadores relacionados con errores humanos y materiales, en el proceso productivo, el transporte, el sellado de los paquetes, etc. Por otro lado, el proyecto de ley de los grandes ruralistas brasileños pretende  eliminar derechos constitucionales básicos: “Hoy estados y municipios pueden establecer normas de protección a sus poblaciones, estableciendo criterios más estrictos que la legislación nacional para la aplicación de agrotóxicos. La ley elimina este derecho, que en la actualidad impone la necesidad de registrarse en las agencias ambientales estatales, para uso local. Si se aprueba esta ley, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Agricultura valdrán para todo el país, independientemente de la voluntad y las características específicas de cada grupo poblacional, en cada ambiente y ecosistema. Y no hay previsión de mecanismos para la revalidación de los registros concedidos. La ley establece que si hubiera denuncia de parte de una autoridad internacional, “podría” ser instalado un procedimiento de revalidación de la decisión que  autoriza el uso. Esta posibilidad se incluye, en nuestra opinión, en el grupo de medidas inocuas mantenidas en el texto sólo con fines retóricos”, afirma el ingeniero.

Aún ante la evidencia de daños, muchos venenos que deberían estar prohibidos aumentan año a año su volumen de aplicación. Uno de ellos es el Paraquat, que tiene el uso vetado durante más de diez años en 57 países y en 2017 finalmente fue revalidado en Brasil hasta el 2020. Según Melgarejo, “hay preocupación con un veneno que causa la fibrosis pulmonar y la muerte segura, para lo cual no existe un antídoto, y del que importamos, sólo en 2016, más de 11 millones de litros. Brasil ya es el mayor mercado del mundo para los agrotóxicos, y buena parte del volumen utilizado aquí se aplica por vía aérea. Y los servicios de fiscalización, también bajo responsabilidad del Ministerio de Agricultura, deben considerarse inútiles o muy cerca de eso. No sólo por las dimensiones del país, sobre todo porque las normas de uso, que imponen condiciones relacionadas con la temperatura y la humedad, la velocidad, la dirección y el sentido del viento, la distancia entre el lugar de aplicación, las áreas urbanas, carreteras y escuelas, claramente no son respetadas, habiendo innumerables denuncias sobre esto”.

Otro ejemplo preocupante es el del maíz de la compañía Dow. En septiembre CTNBio aprobó esta variedad de maíz, considerada la más moderna de la biotecnología local, llevando cinco toxinas insecticidas y siendo tolerante, simultáneamente, a los herbicidas de glifosato, 2,4-D,  isoxaflutol y glufosinato de amonio. Esta situación indigna al referente de la agroecología: “Muchos técnicos celebraron la decisión, ya que las poblaciones de plantas resistentes a algunos de esos principios activos podrían ser controladas por otros. Pero nos quedamos literalmente horrorizados por esto porque ahora se impone una nueva dimensión para los peligros a los que todos estamos involucrados. Para nosotros, la Asociación Brasileña de Agroecología, resulta evidente que los agricultores serán inducidos a hacer mezclas de estos herbicidas en los tanques de pulverización para reducir los costos de cumplimiento. Y estas mezclas serán cócteles tóxicos para los cuales no existen estudios. Los LMR establecidos para cada producto individual literalmente nada informan sobre los efectos sinérgicos derivados de diferentes cantidades mezcladas en los cientos de millones de depósitos repartidos por todo el país”.

Para finalizar, Melgarejo sostiene que sin una unión de los países latinoamericanos será muy difícil frenar el avance del agronegocio sobre las leyes: “Creo que esto debería ser una preocupación para todos los ciudadanos de América Latina, los cambios en la legislación brasileña serán utilizados para acelerar los cambios en los estándares de otros países. Pronto, seremos un continente envenenado, en servicio de los intereses del pequeño grupo de las transnacionales y sus agentes establecidos en cada lugar. Por estas y otras razones, creemos que es necesario establecer una lucha continental en defensa de la soberanía alimentaria de todos los pueblos. Esto implica el rechazo de los derechos de patentes sobre las semillas, la multiplicación y el fortalecimiento de políticas de apoyo a los sistemas de cultivo de base agroecológica, la reforma agraria y la aclaración a la población sobre los derechos y deberes que nos competen a todos. En Brasil los avances en esta dirección pasan por una amplia movilización en apoyo del PL 6670/16, el proyecto de ley que establece la Política Nacional de Reducción de Agrotóxicos (PNARA), en oposición al “Paquete de veneno” de grandes agricultores (PL6299/2002) y, sobre todo, por la reanudación de caminos democráticos. Para esto necesitamos asegurar la elección de Fernando Haddad y la ejecución de su programa de gobierno, que incluye mecanismos de participación y representación popular, retomando líneas establecidas en los gobiernos de Lula y Dilma”.

 

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