20.06.2018

Ley de Semillas: el debate que siempre vuelve

Mientras desde el Gobierno Nacional buscan consenso para una nueva Ley de Semillas, en las últimas semanas la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) decidieron promover un proyecto alternativo en conjunto, el cual no fue consensuado con las otras entidades de la mesa de enlace y con los representantes de la industria semillera. En paralelo, desde la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas siguen rechazando la propuesta de modificación que fortalece un sistema policial para que el Estado garantice el cobro de regalías a las corporaciones.

por Daiana Melón

Hace casi dos años fueron presentados en la Cámara de Diputados nueve proyectos de Ley que tenían por fin modificar la actual Ley de Semillas, uno de ellos presentado por el entonces ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile (reemplazado posteriormente por Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 2012 y 2017). El debate comenzó en el marco de la Comisión de Agricultura de la Cámara y en el mes de diciembre se trabó.

En los últimos meses miembros del actual gobierno manifestaron su intención de que la ley salga, afirmando que había acuerdos entre las organizaciones del campo para la modificación de la legislación que compete a las semillas. Sin embargo, a principios del mes de junio la Federación Agraria Argentina (FAA) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) informaron la presentación de un proyecto de ley de semillas consensuada diferente al que el gobierno nacional intentaba impulsar. “Esto da cuenta principalmente que las organizaciones del campo no son precisamente un bloque homogéneo, y que entre esas organizaciones aparecen diferencias de clase y de intereses, porque CRA y FAA nuclean básicamente productores pequeños y aún grandes y medianos, en cambio Sociedad Rural viene a representar el agronegocio en su completa dimensión”, afirma la Ingeniera Agrónoma e integrante de la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, Nora Tamagno.

La actual Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas fue creada en 1973 y posteriormente modificada en 1991. Esta legislación establece dos tipos de semillas que pueden ser comercializadas: las “identificadas”, que son aquellas que se encuentran rotuladas; y las “fiscalizadas”, que son las que, además de estar rotuladas, están sujetas a control oficial durante las etapas de su ciclo de producción y son propiedades de aquellos que las registren en el Registro Nacional de Cultivares. De esta forma, las semillas tradicionales, aquellas utilizadas por campesinos e indígenas, si bien pueden ser utilizadas, no pueden ser intercambiadas con fines comerciales.

La modificación de la Ley en 1991 estableció una forma de propiedad intelectual conocida como derechos de obtentor, que se otorgan a aquella persona que realice una mejora a una semilla, válida para cualquier tipo de semilla. Si bien la actual legislación instituye una especie de patente, no cercena los derechos de uso propio e intercambio no comercial de semillas.

Los proyectos de modificación de la Ley de Semillas que desde hace años intentan impulsarse –con pequeñas variaciones- buscan restringir el uso propio, obligando a los productores a comprar cada año las semillas, impidiéndoles guardar las semillas para ser reutilizadas y prohibiendo todo tipo de intercambio de semillas, desconociendo los aportes que desde hace siglos los campesinos e indígenas realizaron, considerando a la semilla como una mercancía.

El proyecto de ley presentado por la CRA y FAA plantea que “la regalía extendida no afecte a la semilla que el productor se guarde para sembrar igual superficie el año siguiente, entonces sí estaría permitiendo que si va a aumentar la superficie tenga que pagar regalía extendida. Por otro lado, se niega a que la semilla pueda ser patentada y, por último, que la inspección sobre la semilla para cobrar la regalía extendida la haga el Estado y no los privados. En cambio, Federación Agraria lo está pensando para el caso de aumentar la superficie año a año, me parece que la reserva de semilla de uso propio universal como está en la ley actual debe mantenerse”, explica Tamagno.

Desde la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas plantean su posición de rechazo frente a toda forma de derecho de propiedad intelectual sobre las semillas.

Tal como explica el integrante de Biodiversidad en América Latina y miembro de la Multisectorial, Carlos Vicente, “para nosotros las semillas son un bien común, un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, por lo cual plantear cualquier tipo de derecho de propiedad intelectual es algo que no podemos aceptar. La misma Organización Internacional de la Agricultura y la Alimentación reconoce que en el siglo XX se perdió el 75% de las semillas y esto es un crimen contra la Humanidad que hace Monsanto, que ahora se va a convertir en Bayer y no por eso va a ser buena, y en los cuales las leyes de semillas, la aplicación de los derechos de obtentor son una pata más de esta apropiación que después incluye la concentración en el mercado, la aplicación de la biotecnología a partir de la ingeniería genética y todo este modelo de agricultura que está destruyendo los territorios”.

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